La denuncia por traición a periodistas abre una batalla política en Alemania

Enrique Müller Berlín 4 AGO 2015 - 16:11 CEST

Lo que parecía ser una rara batalla judicial protagonizada, por un lado, por el poderoso fiscal general de la República y el jefe del espionaje interno y, en el campo contrario, dos periodistas, que fueron acusados de haber cometido el grave delito de "alta traición" por haber revelado un par de documentos secretos de la dependencia secreta, se ha convertido en una guerra abierta entre la Fiscalía General y el Gobierno que dirige la canciller Angela Merkel.

 En una acción sin precedentes en las relaciones que existen entre el Gobierno y la justicia alemana, el fiscal general, Harald Range, ha acusado este martes al Gobierno federal de llevar a cabo una "intromisión intolerable" en la independencia del poder judicial. La severa acusación ha sido hecha pública en el curso de una rueda de prensa que el fiscal ha convocado para defenderse de las críticas que recibió de parte del gobierno, por haber abierto una investigación contra dos periodistas del portal Netzpolitik.org.

Los periodistas publicaron en marzo y abril dos documentos confidenciales escritos por expertos de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos alemanes, relacionados con la creación de una unidad para la vigilancia de Internet y la detección y análisis de perfiles de radicales y extremistas en las redes sociales. "La Constitución protege tanto la independencia de la justicia como la libertad de opinión y prensa", ha dicho Range, un abogado de 67 años y que ya no teme por su carrera. "Influir en una investigación, porque los posibles resultados de la misma no parezcan oportunos, es una intromisión intolerable en la independencia del poder judicial" ha sentenciado.
La investigación de la Fiscalía se inició a comienzos de mayo y después de que Hans Georg Massen, el presidente de los servicios secretos, presentara una denuncia para descubrir a los autores de la filtración. La iniciativa del jefe de los espías llegó a manos de la Fiscalía General, que amplió la denuncia contra los dos periodistas. Cuando los responsables del blog, un medio conocido en el país por la calidad de sus informaciones, anunciaron el jueves pasado que estaban siendo investigados por la Fiscalía General, nació una espontánea campaña de solidaridad orquestada por los medios germanos, que denunciaron un inédito intento de censura y responsabilizaron, en forma indirecta, al propio Gobierno por no haber dado órdenes para detener la investigación.

El caso Spiegel

La acusación de alta traición presentada por el fiscal general contra el portal Netzpolitik.org. revivió en la memoria colectiva del país el famoso "caso Spiegel", el primer intento de censura periodística llevado a cabo en la joven república por el entonces ministro de Defensa, Franz Joseph Strauss. En 1962, la revista publicó un amplio reportaje donde revelaba que el ejército alemán era incapaz de cumplir con las funciones que le exigía la OTAN y que no estaba preparado para hacer frente a una guerra nuclear.
Cuando el ministro Strauss leyó el reportaje ordenó un operativo policial que consternó al país, pero que terminaría por sentar un precedente legal que está arraigado en el artículo 5 de la Ley Fundamental alemana: "La libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. No se ejercerá censura".
El autor del reportaje fue detenido en España, el director de la revista Rudolf Augstein, pasó tres meses en la cárcel, pero el ministro Strauss tuvo que renunciar a su cargo, a causa de una extraordinaria campaña de solidaridad con el semanario y a favor de la libertad de expresión, liderada por el partido Socialdemócrata.
Desde entonces la libertad de prensa es un bien intangible en el país y ningún político ha querido llegar a la justicia para llevar a la cárcel a un periodista. El precedente de Strauss aún sigue vigente

La amenaza legal contra los dos periodistas provocó indignación en un país que elevó a la categoría de héroe al contratista de la NSA, Edward J. Snowden, quien reveló cientos de documentos que dejaron al desnudo el espionaje llevad a cabo por la agencia estadounidense contra ciudadanos alemanes y también contra altos ejecutivos miembros del gobierno alemán
El escándalo alcanzó un nivel peligroso para el fiscal y el jefe de los servicios de espionaje interno, cuando el ministro de Justicia federal, el socialdemócrata Heiko Maas, dejó saber, en un intento por acallar las protestas que estaban arruinando la imagen del gobierno, que su ministerio había sido informado por la Fiscalía General, el 27 de mayo pasado, y que el mismo había aconsejado al fiscal detener el proceso, por considerarlo falso. "Le comuniqué al fiscal federal mis dudas acerca de si los periodistas tenían la intención de perjudicar a la República Federal de Alemania o favorecer a una potencia extranjera", dijo Maas, la semana pasada, al reiterar sus críticas contra la Fiscalía General.
El inédito intento de censura periodística también fue censurado por la canciller Angela Merkel, que se encuentra de vacaciones en Tirol del Sur en los Alpes italianos. Merkel dejó saber el lunes que su ministro de Justicia contaba con su total apoyo en el tema de la investigación de alta traición. La portavoz suplente del Gobierno, Christiane Wirtz, junto con destacar que la canciller ponía en duda la falta cometida por los periodistas, ha señalado que la prioridad para el gobierno era respetar la libertad de prensa en el país. "Cuando la libertad de prensa se ve afectada, es obligación de los funcionarios de actuar con mucha sensibilidad", ha dicho la portavoz, quien no ha querido comentar si el fiscal general seguía contando con la confianza de la canciller.
Range, agobiado por las criticas, anunció el fin de semana pasado que la fiscalía había congelado la investigación a la espera de un informe independiente sobre el caso, lo que había hecho suponer que la investigación sería cancelada en un tiempo oportuno. Pero nadie contaba con la declaración de guerra del fiscal, un acto de rebeldía sin precedentes en la historia judicial de la República.
En la rueda de prensa, Range recordó que un informe independiente había llegado a la conclusión de que el portal había violado las leyes vigentes. "Le informé de inmediato al ministerio de Justicia y se me ordeno parar de inmediato el informe del perito. He obedecido la orden", ha dicho al insistir en que los periodistas también deben cumplir la ley y que la justicia está obligada a hacerla respetar. "Esta tarea solo puede cumplirse si se está libre de influencia política", ha afirmado el fiscal general.