Washington celebra el “progreso histórico” hacia el fin del conflicto Colombia y las FARC

Elizabeth Reyes L. Bogotá 24 SEP 2015 - 06:09 CEST

 

El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, ha sido de los primeros líderes en elogiar el acuerdo al que han legado el Gobierno colombiano y las FARC sobre la creación de una jurisdicción especial para la paz, la cual juzgará a todos los actores que han participado del conflicto armado una vez se firme la paz. Kerry destacó que se haya hablado de los tiempos en los que la guerrilla deberá dejar las armas y de la fecha límite de seis meses para tener un acuerdo definitivo. “Los anuncios hechos hoy en La Habana constituyen un progreso histórico hacia un acuerdo de paz definitivo para terminar con más de 50 años de conflicto armado”, dijo.

Desde el inicio de las negociaciones, en noviembre de 2012, Estados Unidos ha sido un aliado del presidente Juan Manuel Santos en su empeño de buscar la paz por la vía negociada. Por eso, en diciembre pasado, designó a Bernard Aronson, como su enviado especial, quien ha cumplido un papel clave en el acercamiento que ha tenido el Gobierno y el expresidente Álvaro Uribe, el principal opositor del mandatario, sin que esto suponga, un cambio en sus demandas. Kerry contó que había llamado a Santos para felicitarlo por su “valentía” y también le agradeció al Papa Francisco por su “liderazgo moral” en la búsqueda de la paz.

El presidente Santos, anticipándose a las críticas de sus opositores, ya había dicho que “no todos van a quedar contentos” y el expresidente Álvaro Uribe, como era de esperarse, cuestionó en varios sentidos el acuerdo. El líder del partido Centro Democrático fustigó que el sistema de justicia pactado no contemple un solo día de cárcel a los jefes de la subversión. “Que el guerrillero raso no vaya a la cárcel es aceptable, pero no condenar al cabecilla es mal ejemplo y promueve nuevas violencias”, dijo. También descalificó el tribunal dispuesto para el juzgamiento de los actores del conflicto y la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado un delito conexo.

Uribe fue particularmente duro con la posibilidad de que el sistema de justicia pactado juzgue por igual tanto a guerrilleros como a militares, políticos y civiles que participaron del conflicto. “El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana”, dice uno de los nueve puntos que hacen parte del memorial de críticas que lanzó el político. En esto coincide con los conservadores, quien encabezados por el expresidente Andrés Pastrana afirmaron que “no resulta fácil aceptar” ese trato igualitario.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también festejó el acuerdo, a pesar de la tensa relación que mantiene con Colombia desde que hace un mes cerró la frontera. “La paz con justicia se anuncia… desde la Patria de Bolívar y Chávez, todo nuestro apoyo”, escribió en Twitter. Venezuela, como lo ha reconocido Santos y las FARC una y otra vez, fue clave, sobre todo al inicio de los diálogos de paz y hoy actúa como país acompañante.

Desde el Gobierno y los partidos políticos que apoyan las negociaciones, la celebración fue unánime, lo que despertó un optimismo por el éxito final. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, cuya labor es proteger los derechos humanos, dijo que la creación de una sala de justicia y un tribunal especial constituye “una garantía” para establecer “sanciones racionales” de acuerdo a los delitos a investigar. También elogió que la amnistía anunciada en La Habana (por delitos políticos y conexos), no incluya a los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, desplazamiento forzado, desaparición y violencia sexual. Eso mismo destacó el partido Conservador, que resaltó que las ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por cientos de militares, también pasarían por ese tribunal.

Líderes de izquierda como León Valencia, exintegrante del ELN, la segunda guerrilla de Colombia, también celebraron el anuncio. “Estamos en el desenlace de la negociación y llegó el posconflicto”, escribió en Twitter. Clara López, directora del Polo Democrático, partido que hace oposición a Santos pero apoya los diálogos con las FARC, afirmó que “la historia le está dando la razón a quienes decidimos por la paz”.

Para José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, pese a los esfuerzos para que se rindan cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos, el acuerdo sobre justicia “permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión”, dijo. Vivanco ve difícil que la fórmula que han acordado Santos y las FARC supere el escrutinio del Constitucional colombiano o de la Corte Penal Internacional. Según el acuerdo, quienes reconozcan su culpa de manera temprana, recibirán sanciones de restricción de la libertad en “condiciones especiales”, entre 5 y 8 años