La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el jueves a El Salvador por las desapariciones forzadas de cinco niños—una mujer y cuatro hombres—ocurridas entre 1980 y 1982 y advirtió que esos casos contra menores de edad nunca fueron hechos aislados sino que, con impunidad, respondieron a un “patrón sistemático estatal” ejecutado en los operativos de contrainsurgencia.
Los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala desaparecieron entre diciembre de 1980 y agosto de 1982 sin que hasta la fecha “se haya determinado” su paradero o destino. El veredicto muestra las secuelas de la guerra en El Salvador de 1980 a 1992, que dejó más de 80 mil muertos y desaparecidos, en uno de los conflictos bélicos más sangrientos en la historia de Centroamérica, con militares y escuadrones de la muerte y paramilitares implicados en matanzas y atrocidades, siguen pasando factura.
En un fallo notificado al Estado salvadoreño y a parientes y representantes de víctimas, la CIDH establece que “dichas desapariciones se dieron en el transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia durante el conflicto armado en El Salvador y no constituyeron hechos aislados, ya que se insertan en el patrón sistemático estatal de desapariciones forzadas de niñas y niños, que se verificó” en los 12 años de guerra. En estos casos, el tribunal puntualiza que “prevalece una situación de impunidad total y no se ha satisfecho el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, pese a que el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad, en cual incluyó la aceptación total de los hechos”.
Entre otras medidas de reparación, la Corte ordena identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las desapariciones, efectuar una búsqueda “seria” de los menores, respaldar a las familias con tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico y construir un jardín museo para recordar a los cinco.
La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), conlcuye que El Salvador es “responsable internacionalmente por las desapariciones forzadas de estas personas y determinó que dichas desapariciones constituyeron violaciones múltiples y continuadas de diversos derechos”. El Estado, continúa, “realizó injerencias sobre la vida familiar de la entonces niña y los entonces niños, víctimas del presente caso, al sustraerlos y retenerlos ilegalmente vulnerando su derecho a permanecer con su núcleo familiar y establecer relaciones con otras personas que formen parte del mismo”.
Las separaciones, argumenta el fallo, “producidas por agentes del Estado, sin que hasta la fecha se haya logrado la reunificación familiar, generaron y continúan generando afectaciones específicas en cada uno de los integrantes de las familias, así como en las dinámicas propias de cada una de las familias. La incertidumbre sostenida sobre el paradero de los mismos ha provocado una afectación que se prolonga en el tiempo y que aún se mantiene hoy”,
La Corte recuerda además que, “en el pasado”, el Estado alegó la “inexistencia de estos hechos que formaron parte de un patrón de violencia que tuvo lugar” en ese país en la guerra librada entre el entonces insurgente e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra las Fuerzas Armadas de El Salvador y los gobiernos de turno. De 1989 a 2009, El Salvador fue gobernado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuyo liderazgo se ligó desde finales de la década de 1970 a escuadrones de la muerte y estratos militares y paramilitares y a las alianzas políticas con los sectores económicos más poderosos.
Cuando comparecieron las autoridades gubernamentales de ARENA ante la Corte, como representantes estatales, por la desaparición de los niños, rechazaron los hechos. Pero la situación ante el tribunal cambió en 2009, cuando el FMLN asumió el Gobierno, con un primer quinquenio de Mauricio Funes y, a partir de junio anterior, el segundo con Salvador Sánchez Cerén. La Corte subraya que a diferencia de lo ocurrido en fases previas, ahora el Estado—representado por el Gobierno del FMLN—“realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional” y expresó “un sincero pedido de perdón”.
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