En la genésis del estallido racial en Ferguson, la desconfianza en el sistema se ha disparado. “La decisión judicial me reafirma en que no me pienso fiar jamás de un policía”, dice Steven, un hombre negro de 60 años, en la humilde calle residencial donde murió en agosto Michael Brown, un afroamericano de 18 años desarmado, por disparos de un agente blanco. La decisión de un gran jurado de no imputar al policía, Darren Wilson, de 28 años, ha vuelto a desatar la indignación en este pequeño municipio de San Luis (Misuri).
Tras dos noches de disturbios, el despliegue militar y la nieve desinflaron las protestas la noche del miércoles. La calma se afianzó aún más la noche del jueves, fiesta nacional en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Pero las raíces del malestar enquistado no han desaparecido.
El caso Brown ha afianzado el sentir de buena parte de la comunidad negra de Ferguson de que es discriminada por la policía y la justicia. Pero también evidencia un problema nacional: las protestas se han extendido a otras ciudades de EE UU. Las quejas se asemejan. Indican que 50 años después del fin de la segregación racial, la discriminación se mantiene en las estadísticas.
En el conjunto de EE UU, los negros supusieron en 2012 el 28,1% de los detenidos, según los últimos datos del FBI. Una proporción que duplica su peso demográfico (13,1%). La traslación es directa en las prisiones: un hombre negro tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado que uno blanco. En 2013, un 3% de los hombres negros estaba preso, frente al 0,5% de los blancos. En 2011, uno de cada 15 niños negros tenía un pariente en la cárcel, frente a uno de cada 111 blancos.El 86% de los conductores parados en Ferguson en 2013 por la policía eran negros, por encima del peso del 67% de esa comunidad en la población, según un informe del fiscal de Misuri. Las multas son la segunda fuente de ingresos del municipio. Si no se pagan, se corre el riesgo de encarcelamiento. Y la tasa de arrestos de negros duplicó a la de blancos.
Tras el anuncio del jurado y los graves disturbios del lunes, elpresidente de EE UU, Barack Obama, encargó al fiscal general, Eric Holder, que se reúna con líderes policiales, políticos y religiosos a lo largo del país para encontrar medidas para que las prácticas policiales “sean justas y se apliquen con igualdad”. En paralelo, el Departamento de Justicia investiga si la policía de Ferguson y Wilson vulneraron derechos civiles.
El objetivo es evitar la alienación que se vive en los barrios negros de Ferguson, donde la policía es más percibida como enemiga que aliada. “Queremos tener nuestra propia policía comunitaria”, reclama Dauva Sunkur, un activista negro de 24 años en una protesta nocturna. Los afroamericanos suponen el 67% de la población de Ferguson, pero solo el 5,7% de la fuerza policial. Los líderes políticos, judiciales y educativos también son blancos. En localidades de similar tamaño, el promedio de policías blancos es del 87,5%, según datos oficiales. En Ferguson, muchos creen que la relación con la policía mejoraría si hubiese más agentes negros y que conocieran la comunidad. Buena parte de los agentes, como el que mató a Brown, viven en otros municipios.
El agente sostiene que habría actuado igual si Brown hubiese sido blanco. Pero las estadísticas lo ponen en entredicho. Los negros de entre 15 y 19 años tienen 21 veces más probabilidades de morir por disparos de un policía que los blancos, según datos oficiales del periodo 2010- 2012.
El jurado no halló pruebas suficientes para presentar cargos contra el agente. La ley hace una amplia interpretación del derecho a la defensa de los policías. Para la familia de Brown, este dictamen y otros similares demuestran que el sistema judicial está “roto”. Critican que el proceso fuera dirigido por un fiscal blanco de San Luis, hijo de un policía asesinado por un negro. Es un sentimiento generalizado entre los afroamericanos: un 62% cree que Wilson es culpable, según una encuesta. Pero solo un 22% de blancos opina igual. Obama reconoció esta disparidad al valorar el veredicto, que pidió respetar: “Muchas comunidades de color tienen la sensación de que nuestras leyes no siempre se aplican de forma uniforme”.
Human Rights Watch documentó este año un patrón de discriminación racial en el sistema judicial estadounidense, especialmente en jóvenes, delitos por drogas y sentencias de pena de muerte. John Inazu, profesor de Derecho en la Universidad de Washington, en San Luis, habla de “significativos desafíos” raciales en el sistema. Recomienda reducir costes judiciales, mejorar el acceso a abogados y reforzar la supervisión de los procesos. Pero, admite, también hay que abordar problemas subyacentes: en EE UU las diferencias entre negros y blancos en indicadores socioeconómicos son significativas. Ferguson no es una excepción.
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