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giovedì 24 settembre 2015

El Papa urge en Estados Unidos a una nueva evangelización


Pablo Ordaz Washington 24 SEP 2015 - 03:29 CEST

Por la mañana, ante Barack Obama, el papa Francisco intercedió por los inmigrantes; a mediodía, frente a los obispos de EE UU, ordenó a la Iglesia –“ninguna institución hace más por los inmigrantes”— que los siga acogiendo sin miedo; y, por la tarde, canonizó a Fray Junípero Serra, un mallorquín que evangelizó los territorios prácticamente inexplorados de California en la segunda mitad del siglo XVIII.
Para Jorge Mario Bergoglio, el fraile reúne dos cualidades suficientes para ascender a los altares. Por un lado, “buscó defender la dignidad de la comunidad nativa protegiéndola de cuantos la habían abusado” y, por otra, divulgó la fe en Cristo sin conocer el desaliento: “Su lema era siempre adelante”. Se podría decir que hay otra causa –ésta sí ajena a la vida y milagros del fraile mallorquín—que convierte en muy oportuna su canonización, a pesar de las protestas de grupos indigenistas. El que algunos ya consideran “el primer inmigrante mexicano” –porque vivió más de una década en México antes de llegar a California—, será también a partir de ahora el primer santo de la comunidad hispana de EE UU. Y eso, a Francisco en particular y a la Iglesia en general, le viene de perlas para intentar frenar el avance de las iglesias evangélicas.
Durante la ceremonia de canonización, y refiriéndose al fraile mallorquín, el Papa volvió a decir que quiere “una Iglesia en salida, una Iglesia que sepa salir e ir por los caminos, para compartir la ternura reconciliadora de Jesucristo”. Esto es importante por cuanto, ante Obama, ante los obispos y durante la misa de canonización, Bergoglio aprovechó sus minutos de oro en todas las televisiones –la visita ha despertado en EE UU una expectación enorme para suavizar la imagen de una Iglesia que, en comparación con las evangelistas, se percibe como más rígida y más lejana.
Aunque les dijo expresamente que no venía a darles lecciones, Francisco dejó claro que no quiere obispos repantigados en el sofá, atados a convicciones inamovibles, lejanos de los que son distintos. “Es muy importante que la Iglesia en los Estados Unidos sea también un hogar humilde que atraiga a los hombres por el encanto de la luz y el calor del amor”, y añadió: “No caigan en la tentación de convertirse en notarios y burócratas. Estén atentos, no se cansen de levantarse para responder a quien llama de noche, aun cuando ya crean tener derecho al descanso. Solamente una Iglesia que sepa reunir en torno al «fuego» es capaz de atraer. Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre”.
Para facilitarles el camino, el Papa aprovechó su primera jornada en Estados Unidos –por la mañana, a mediodía, por la tarde— para enarbolar la bandera de los derechos de los inmigrantes. No solo se presentó ante Obama como “hijo de inmigrantes” y reconoció por tanto que sus palabras eran casi “en causa propia”, sino que su servicio de seguridad permitió que una niña indígena de origen mexicano, Sophie Cruz, de cinco años, alcanzara el papamóvil y le entregara una carta en defensa de los inmigrantes

Washington celebra el “progreso histórico” hacia el fin del conflicto Colombia y las FARC

Elizabeth Reyes L. Bogotá 24 SEP 2015 - 06:09 CEST
 
El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, ha sido de los primeros líderes en elogiar el acuerdo al que han legado el Gobierno colombiano y las FARC sobre la creación de una jurisdicción especial para la paz, la cual juzgará a todos los actores que han participado del conflicto armado una vez se firme la paz. Kerry destacó que se haya hablado de los tiempos en los que la guerrilla deberá dejar las armas y de la fecha límite de seis meses para tener un acuerdo definitivo. “Los anuncios hechos hoy en La Habana constituyen un progreso histórico hacia un acuerdo de paz definitivo para terminar con más de 50 años de conflicto armado”, dijo.
Desde el inicio de las negociaciones, en noviembre de 2012, Estados Unidos ha sido un aliado del presidente Juan Manuel Santos en su empeño de buscar la paz por la vía negociada. Por eso, en diciembre pasado, designó a Bernard Aronson, como su enviado especial, quien ha cumplido un papel clave en el acercamiento que ha tenido el Gobierno y el expresidente Álvaro Uribe, el principal opositor del mandatario, sin que esto suponga, un cambio en sus demandas. Kerry contó que había llamado a Santos para felicitarlo por su “valentía” y también le agradeció al Papa Francisco por su “liderazgo moral” en la búsqueda de la paz.
El presidente Santos, anticipándose a las críticas de sus opositores, ya había dicho que “no todos van a quedar contentos” y el expresidente Álvaro Uribe, como era de esperarse, cuestionó en varios sentidos el acuerdo. El líder del partido Centro Democrático fustigó que el sistema de justicia pactado no contemple un solo día de cárcel a los jefes de la subversión. “Que el guerrillero raso no vaya a la cárcel es aceptable, pero no condenar al cabecilla es mal ejemplo y promueve nuevas violencias”, dijo. También descalificó el tribunal dispuesto para el juzgamiento de los actores del conflicto y la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado un delito conexo.

Uribe fue particularmente duro con la posibilidad de que el sistema de justicia pactado juzgue por igual tanto a guerrilleros como a militares, políticos y civiles que participaron del conflicto. “El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana”, dice uno de los nueve puntos que hacen parte del memorial de críticas que lanzó el político. En esto coincide con los conservadores, quien encabezados por el expresidente Andrés Pastrana afirmaron que “no resulta fácil aceptar” ese trato igualitario.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también festejó el acuerdo, a pesar de la tensa relación que mantiene con Colombia desde que hace un mes cerró la frontera. “La paz con justicia se anuncia… desde la Patria de Bolívar y Chávez, todo nuestro apoyo”, escribió en Twitter. Venezuela, como lo ha reconocido Santos y las FARC una y otra vez, fue clave, sobre todo al inicio de los diálogos de paz y hoy actúa como país acompañante.
Desde el Gobierno y los partidos políticos que apoyan las negociaciones, la celebración fue unánime, lo que despertó un optimismo por el éxito final. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, cuya labor es proteger los derechos humanos, dijo que la creación de una sala de justicia y un tribunal especial constituye “una garantía” para establecer “sanciones racionales” de acuerdo a los delitos a investigar. También elogió que la amnistía anunciada en La Habana (por delitos políticos y conexos), no incluya a los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, desplazamiento forzado, desaparición y violencia sexual. Eso mismo destacó el partido Conservador, que resaltó que las ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por cientos de militares, también pasarían por ese tribunal.
Líderes de izquierda como León Valencia, exintegrante del ELN, la segunda guerrilla de Colombia, también celebraron el anuncio. “Estamos en el desenlace de la negociación y llegó el posconflicto”, escribió en Twitter. Clara López, directora del Polo Democrático, partido que hace oposición a Santos pero apoya los diálogos con las FARC, afirmó que “la historia le está dando la razón a quienes decidimos por la paz”.
Para José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, pese a los esfuerzos para que se rindan cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos, el acuerdo sobre justicia “permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión”, dijo. Vivanco ve difícil que la fórmula que han acordado Santos y las FARC supere el escrutinio del Constitucional colombiano o de la Corte Penal Internacional. Según el acuerdo, quienes reconozcan su culpa de manera temprana, recibirán sanciones de restricción de la libertad en “condiciones especiales”, entre 5 y 8 años

El Gobierno y las FARC se dan seis meses para firmar la paz en Colombia


Javier Lafuente Bogotá 24 SEP 2015 - 03:26 CEST

La paz, esa bajo la que sueñan vivir desde hace más de 50 años generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quimérica. El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunciaron, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional y se dieron seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo.
Arropados por Castro y ante los equipos negociadores del Gobierno y las FARC, Santos, que acudía por primera vez a La Habana desde el inicio del proceso, y TImochenko, que cambió su uniforme militar por una guayabera blanca, avanzaron hasta donde nadie antes lo había hecho: anunciaron un acuerdo de justicia que garantiza que no habrá impunidad y fijaron un plazo para alcanzar la paz: no más tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendrán 60 días para dejar las armas.
"Quiero valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en dos orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz", aseguró Santos antes de que Timochenko reconociese la "gran satisfacción" por el acuerdo alcanzado. Por su parte, Raúl Castro, celebró lo logrado: "La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas". Después, animó a Santos y a Timochenko a que se estrecharan la mano. 

Más de 220.000 muertos y millones de desplazados

Sally Palomino, Bogotá
El conflicto armado de Colombia ha dejado más de 220.000 víctimas mortales. De ellas, 177.307 eran civiles y el resto, combatientes, según los datos el Centro de Memoria Histórica colombiano.
La guerra que ha marcado la historia reciente del país ha afectado de una u otra forma a unos siete millones de personas, según indica el Registro Único de Víctimas.
Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima en 6.414.700 las personas desplazadas por la violencia.
Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. El registro de víctimas calcula también que más de 130.000 personas han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas.
En los diferentes registros se habla, además, de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo del Gobierno y la guerrilla conlleva la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgará a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar.
Según el texto, "el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos", del que se podrán beneficiar, según el fiscal general, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. "En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra", precisa el acuerdo firmado en La Habana.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán sanciones  más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos. Las sanciones estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. Quienes reconozcan delitos muy graves "tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales; quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias"; y las personas "que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias".
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel. “Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico
el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Nada más conocer el texto, algunos senadores uribistas, como Alfredo Rangel, aseguraron: "De manera vergonzante y para confundir a la opinión, el Gobierno no se atrevió a decir que no habrá cárcel para las FARC, como fue acordado".
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.

Francia vende a Egipto los dos barcos de guerra que negó a Rusia

Carlos Yárnoz París 23 SEP 2015 - 19:18 CEST

Los dos enormes portahelicópteros Mistral construidos en Francia con destino inicial a Rusia acabarán en manos de la Marina egipcia. París prosigue así su rearme al régimen egipcio del general Abdelfatá al Sisi, pero también pone punto final a un grave contencioso con Moscú que ha concluido con un acuerdo pactado amistosamente. En paralelo, París se ha situado estos días a la cabeza de los países que proclaman su deseo de que se levanten pronto las sanciones económicas impuestas a Rusia por la Unión Europea a raíz del conflicto en Ucrania, que originó el veto francés a entregar los dos buques de guerra a la Marina rusa.
El presidente francés, François Hollande, y el egipcio, Al Sisi, han mantenido una conversación telefónica esta mañana y han alcanzado un acuerdo para la venta de los dos navíos a El Cairo. Se trata de dos buques de proyección, es decir, con capacidad de transportar a grandes distancias helicópteros, carros de combate y tropas para actuar de forma autónoma.
Dada la creciente inestabilidad en la zona, y especialmente en Libia, Egipto ha decidido modernizar y ampliar sus fuerzas armadas y Francia se ha convertido en uno de sus principales proveedores. En febrero pasado, París ya vendió a El Cairo 24 cazabombarderos Rafale, una fragata y misiles por un valor de 5.000 millones de euros.
Los dos portahelicópteros, uno de ellos ya terminado, bautizados con los nombres de Sebastopol y Vladivostok, empezaron a construirse hace tres años para Rusia, que había firmado el contrato correspondiente en 2011, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy, por un valor global de 1.200 millones de euros. El pasado verano, la intervención de Rusia en Ucrania y la anexión de Crimea hicieron imposible la entrega de los buques, prevista para el pasado otoño. “No se dan las condiciones para la entrega”, reiteró Hollande.
El pacto con Moscú coincide con la posición francesa favorable al levantamiento de sanciones a Rusia
La pasada primavera, Moscú y París iniciaron las negociaciones para pactar la ruptura del contrato. En casos similares, y de acuerdo con la legislación internacional, el país suministrador debe pagar elevadas indemnizaciones y, además, no puede vender las armas a un tercero. En esta ocasión, sin embargo, Francia y Rusia alcanzaron un rápido acuerdo.
París solo pagará a Rusia 950 millones, equivalentes a las cantidades ya entregadas por los rusos más los gastos de montaje y desmontaje de armamento ya instalado en el primer barco. No hay indemnizaciones y, además, los rusos dan libertad a los franceses para vender los buques, como adelantó la semana pasada en el Parlamento el ministro de Exteriores, Laurent Fabius.
Las facilidades dadas por Moscú para este acuerdo coinciden con un acercamiento entre Francia y Rusia en dos frentes: Ucrania y Siria. Fabius ha señalado en el Parlamento que Francia “apoyará el levantamiento de sanciones” a Rusia si se producen avances en el contencioso de Ucrania. “Penalizan mucho a la economía rusa, pero también a la francesa y a las de otros países europeos”, añadió. Hollande ha convocado para el 2 de octubre en París al presidente ruso, Vladímir Putin, y a la canciller Angela Merkel para debatir la situación en Ucrania.
En el frente sirio, por otro lado, Francia reitera que la solución debe ser “política” y que para alcanzarla ha iniciado contactos con todas las partes afectadas, incluida Rusia, principal proveedora de armas al régimen de Bachar el Asad, cuya salida del poder exige París.

Tia de Obama demanda la Policía Metropolitana de Londres



Publicado: 24 sep 2015 06:49 GMT. RT

Marie Auma, cuya tía Kezia Obama es madrastra del presidente de EE.UU. Barak Obama
, reclama a la Policía Metropolitana de Londres una compensación de 400.000 libras (aproximadamente 610.500 dólares), según informa el periódico 'The Daily Telegraph'. En la demanda que Auma presentó ante el Tribunal Central de Londres, la mujer afirma que fue menospreciada y humillada en una campaña de acoso que realizaron sus colegas durante dos años.
Marie Auma, de 57 años de edad, cuyo trabajo en la policía británica incluía la comunicación con las víctimas de delitos, declaró haber sufrido la "cultura de la intimidación", lo que resultó en la destrucción de su autoestima y en una crisis nerviosa. Por este motivo, debió dejar el trabajo

martedì 15 settembre 2015

Donald Trump vende la compañía que organiza Miss Universo

EFE Nueva York 16 SEP 2015 - 00:51 CEST

El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha decidido vender la compañía que organiza Miss Universo, días después de que comprara a la cadena NBC la mitad que no poseía de esa empresa. La compañía de eventos de entretenimiento WME/IMG ha anunciado este martes la compra, aunque se desconoce el precio de la transacción.

El pasado viernes, Trump anunció que había comprado la mitad de la empresa que organiza Miss Universo a la cadena NBC, convirtiéndose en el único dueño, y ahora se desprende totalmente de la compañía. "Disfruté mucho siendo el dueño del Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. Cuando los adquirí, estaban en serios problemas. Ha sido un honor convertirlos en todo un éxito mundial", dijo Trump en un comunicado.

"Estos concursos están ahora en manos de una gran compañía que los llevará a un nivel de éxito aún más grande", ha agregado. Los problemas entre Trump y la cadena NBC empezaron en junio, cuando el magnate inmobiliario hizo comentarios polémicos contra los inmigrantes mexicanos. Ante estos comentarios, NBC canceló la transmisión del concurso para elegir la candidata de EE UU al próximo certamen de belleza Miss Universo. Las cadenas Univisión y Televisa también rompieron lazos profesionales con él.

EE.UU. amenaza con aislar a Rusia por su apoyo al Gobierno de Al Assad

Washington no ve al Gobierno de Al Assad como un socio en la lucha contra el grupo terrorista el Estado Islámico, por considerarlo la principal razón de su surgimiento. Así lo pronunció el secretario de prensa del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby. Comentando la ayuda técnico-militar que Rusia brinda a Siria, el funcionario expresó que su país dispone de herramientas para aislar a Moscú, si este sigue apoyando a Damasco. Aseguró que Washington no considera que exista necesidad alguna de crear otra coalición alternativa a la que lideran para combatir al Estado Islámico. El analista internacional Carlos Martínez difiere de estas declaraciones, pues considera que la principal causa del levantamiento del Estado Islámico es la política despiadada de EE.UU. en la región.